La reanudación de la Asamblea Constituyente y la aprobación de dos polémicos proyectos de ley reviven las esperanzas hoy en Bolivia tras una semana marcada por la tensión, la intolerancia y las derrotas en el fútbol.
La Constituyente reinició la víspera sus sesiones plenarias con propuestas concretas para viabilizar la entrega de la nueva Constitución antes del próximo 14 de diciembre.
En total 145 asambleístas acudieron al llamado del foro en su nueva sede, el liceo militar de Sucre, donde se reanudaron las sesiones suspendidas desde agosto último por la falta de garantías.
Pese a los intentos de sabotear el cónclave, la plenaria superó el quórum mínimo reglamentario para el retorno de las deliberaciones, que este viernes estudia una disminución del tiempo de exposición para agilizar la redacción de la nueva Carta Magna.
El asambleísta Carlos Romero ratificó la legitimidad de esta sede y desmintió la supuesta ilegalidad de la mudanza del Teatro Gran Mariscal, acosado por grupos vandálicos opuestos al gobierno.
Por su parte, el Comité Interinstitucional de Chuquisaca confirmó su intención de sabotear el foro deliberativo al convocar a una plenaria paralela, aunque la mayoría ignoró dicho llamado.
La semana transcurrió en Sucre en medio de agresiones e insultos a los indígenas que reclamaban la reapertura del cónclave, pero desde el jueves comenzaron a llegar legiones originarias para garantizar el funcionamiento del foro a cualquier precio.
A su vez, el Congreso Nacional de Bolivia aprobó por unanimidad la ley que autoriza a la empresa india Jindal Steel explotar la mitad del rico yacimiento siderúrgico el Mutún.
De acuerdo con el contrato, el proyecto tendrá una inversión inicial de dos mil 100 millones de dólares y tendrá una duración de 40 años.
También prevé la generación de cinco mil empleos directos y 12 mil indirectos, de los cuales el 90 por ciento serán ocupados por bolivianos. Los opositores trataron de "dormir" este megaproyecto en el Senado para perjudicar al actual gobierno.
Por otro lado, el ente legislativo aprobó la renta vitalicia de vejez, denominada Dignidad, con modificaciones en cuanto a las fuentes de financiamiento.
Según la iniciativa del gobierno, los fondos debían provenir de los ingresos de los Impuestos Directos a los Hidrocarburos, pero el Senado determinó que se pague con el Impuesto a las Transacciones Financieras y las utilidades del Banco Central de Bolivia.
Varios expertos acusaron al Senado de plegarse a las presiones de dirigentes de la llamada Media Luna (Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija), adversarios del gobierno de Evo Morales.
La renta Dignidad ha recibido una amplia aceptación en los sectores sociales de Bolivia, que se ha evidenciado con marchas y movilizaciones en los nueve departamentos.
Esta semana, el gobierno denunció un complot sedicioso y antidemocrático impulsado por la dirigencia de los departamentos "rebeldes" a través del denominado Consejo Nacional Democrático (CONALDE).
El vocero gubernamental, Alex Contreras, destacó que el segundo punto de la resolución del CONALDE impulsa "una asonada de acciones para llevar adelante el enfrentamiento y la violencia". (Fuente)
El presidente Evo Morales dijo que su gobierno soporta el boicot de grupos empresariales y de transportistas como ocurrió en Chile "en la época de Salvador Allende" y aseguró que a pesar del deseo de sus opositores "no habrá un Pinochet en Bolivia". 
