Fuente:El presidente Evo Morales inició el viernes el pago de la primera renta universal de ancianos de Bolivia en una instalación militar, enfrentado a gobernadores opositores que se niegan a financiar el beneficio que representa un recorte de los recursos regionales.
Los prefectos de cinco de los nueve departamentos se oponen también al cambio de Constitución impulsado por el mandatario indígena y buscan en cambio la autonomía inmediata de sus distritos, en un enfrentamiento que ha polarizado al país más pobre de Sudamérica.
Morales entregó la primera "renta dignidad" de 200 bolivianos mensuales (unos 26 dólares) en un cuartel de paracaidistas de la ciudad central de Cochabamba, mientras parecía al borde del fracaso un diálogo de distensión política entre el Gobierno y los prefectos rebeldes.
"Con la renta dignidad se acabó la privatización y el saqueo de nuestros recursos naturales," proclamó Morales al señalar que el beneficio a los ancianos era posible por la nacionalización petrolera que decretó en el 2006 y que le permitió también crear un bono para escolares.
Pero es justamente el uso de parte de un impuesto petrolero lo que rechazan los prefectos rebeldes, que han montado una férrea resistencia a la "revolución democrática y social" del presidente izquierdista, que en cambio es apoyado por gobiernos de la región, como los de Argentina, Brasil, Cuba y Venezuela.
El Gobierno encargó el pago de la renta, que beneficia a casi 700.000 mayores de 60 años de edad, a una vasta red de entidades financieras, complementada con oficinas abiertas en instalaciones militares en regiones alejadas de las ciudades.
"Quienes se oponen al pago de esta renta y dicen defender los recursos regionales son los mismos que se opusieron a la nacionalización de hidrocarburos que generó esos recursos," dijo en el acto el ex dirigente sindical Casiano Amurrio, en representación de los rentistas.
Los prefectos opositores cerraron filas para rechazar el uso de parte de un impuesto petrolero para pagar la renta, que el Gobierno definió como "pago de una deuda social histórica" y sumará en el primer año unos 205 millones de dólares.
Aunque las prefecturas aportarán en conjunto para la renta poco más 50 millones de dólares, o menos del cinco por ciento de sus recursos, dijeron que tal "confiscación" era un atentado a sus capacidades de autonomía. El saldo será pagado por el tesoro nacional.
