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El Gobierno de Bolivia cree que la embajada de EE.UU. apoya a un grupo "irregular" de inteligencia policial que opera en el país desde hace quince años, publicó hoy la prensa de La Paz.
El ministro de Gobierno (Interior), Alfredo Rada, explicó en una entrevista con el periódico La Prensa que el Ejecutivo ha detectado el funcionamiento "irregular" de, al menos, dos estructuras de inteligencia en el país.
Uno de estos grupos tiene su origen en el Comando de Operaciones Especiales (Copes), que, según Rada, se creó hace quince años con apoyo logístico y tecnológico de la embajada de EE.UU.
En enero de 2006, en lo que coincidió con la llegada al poder del presidente Evo Morales, esta estructura cambió de nombre para llamarse Organización de Estudios Policiales (Odep).
"Pero hemos descubierto que el Copes es el que sigue funcionando tras esta denominación", afirmó Rada, quien insistió en que este grupo es "irregular" y "atenta contra la eficiencia del servicio de inteligencia" boliviano.
La otra estructura que mencionó el ministro es el Grupo Especial Táctico de Investigaciones de Delitos (Getide), una agrupación "mas regular" del Copes que proporciona al Gobierno información para combatir la actividad criminal.
Rada indicó que, en este caso, también se ha averiguado que el Getide "efectúa trabajos que tienen que ver con otros ámbitos de la vida pública".
El ministro de Gobierno aseguró que se inició una investigación para averiguar cuál es el tipo de apoyo de la embajada estadounidense a estos grupos de inteligencia.
No obstante, Rada destacó que el Gobierno de Bolivia no rechaza el apoyo de EE.UU, porque "sería irracional" y resaltó el respaldo "importante" recibido para la lucha antidroga.
En cualquier caso, el alto funcionario reiteró que la decisión del Ejecutivo boliviano es "eliminar" las estructuras "paralelas" a los servicios de inteligencia del Gobierno.
El pasado viernes, varios medios de comunicación bolivianos difundieron un informe que denuncia que varios políticos -oficialistas y opositores- y periodistas fueron supuestamente espiados por agentes vinculados a fuerzas de seguridad del Estado.
El vicepresidente de Bolivia, lvaro García Linera, negó que el Ejecutivo haya ordenado el seguimiento a personas políticas y civiles y achacó este informe a "una guerra sucia que empaña al Gobierno, comprometido con el uso transparente de la información".
El ministro Rada no descartó que ese informe "anónimo" haya sido producido por uno de estos grupos "irregulares" en el marco de una pugna interna por los recientes ascensos en los cuerpos de seguridad.
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