CIDOB: Bases desoyen a sus dirigentes que pactan con el Gobierno

Anuncian que irán a la IX marcha 
La vicepresidenta de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Nelly Romero, contó que las bases desoyen a sus representantes que pactaron con el gobierno y anunciaron que se sumarán a la IX marcha en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Iisiboro Sécure (TIPNIS).

Según la dirigente, los delegados de las diez regionales que firmaron con el gobierno para la ejecución de proyectos de desarrollo se presentaron en la IV comisión nacional de la organización indígena por mandato de sus bases.

“Son los dirigentes los que firman y dicen que no van a marchar, pero el sentimiento de las bases es otro y ya han dicho que van a marchar”, aseveró Romero a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.

Pactos

El gobierno hasta la fecha logró pactar con 10 de las 13 regionales afiliadas a la CIDOB; los representantes de cinco de ellas aseguraron en el acto de firma con el presidente Evo Morales que no marcharán porque deben trabajar por sus comunidades junto al gobierno.

Nelly Romero, indicó que su organización no tomará ninguna medida contra los dirigentes, sino serán sus propias bases los que los juzguen y responsabilizó al Primer Mandatario de dividir a los indígenas aprovechándose de las necesidades que tienen.

“El presidente lo que hace es jugar con las necesidades y sufrimiento de los indígenas”, lamentó.

La Paz, 12 abril 2012
ERBOL

Indígenas de Pando dicen que sus dirigentes no pueden impedirles ir a la IX marcha

Tacanas, cavineños y ese ejjas se organizan.

El presidente de la TCO (Tierras Comunitarias de Origen) Multiétnico II del departamento de Pando, Francisco Hilcha, señaló que sus bases están dispuestas a asistir a la IX marcha en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y que sus representantes de la Central Indígena  de Pueblos Originarios de la Amazonía de Panado (CIPOAP) no pueden impedirles ir a la movilización que inicia el 25 de abril desde Chaparina del Beni, en contra de la Ley 222.

“Nosotros estamos dispuestos a marchar, ese es el sentimiento de mis bases (…) no puede ser que nuestros representantes nos impongan que no marchemos”, señaló Hilcha a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.

El indígena adelantó que la posición de los pueblos que agrupa su TCO: Tacana, Esseja y Cavineño se oficializará en una asamblea prevista para los próximos días.

En la región de los Multiétnicos II existen 34 comunidades indígenas y cuenta con una población aproximada de cuatro mil habitantes. 

La CIPOAP definió en una cumbre departamental pactar una agenda programática con el gobierno y el representante de esa organización, Wilmar Merelis, afirmó que con ello se busca el desarrollo y el progreso para el departamento pandino.

"El convenio firmado beneficiará principalmente a comunidades que luchan por salir de la pobreza", dijo.

Convenios con regionales

El gobierno hasta la fecha logró pactar con 10 de las 13 regionales afiliadas a la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB); los representantes de cinco de ellas aseguraron en el acto de firma con el presidente Evo Morales que no marcharán porque deben trabajar por sus comunidades junto al Ejecutivo.

Mientras que la vicepresidente de la CIDOB, Nelly Romero, indicó que su organización no tomará ninguna medida contra los dirigentes, sino serán sus propias bases los que los juzguen, ya que de la IV comisión fueron participes las 13 regionales.

“Los 13 regionales estuvieron presente en la comisión a pedido de sus bases. Los dirigentes firman convenios pero es otro el sentir de las bases (…) el Presidente (Evo Morales) lo que hace es jugar con las necesidades y sufrimiento de los indígenas, y nos divide”, puntualizó.

La Paz, 13 abril 2012
ERBOL

Indígenas no le creen a Evo y dicen que anulación de contrato no frena la marcha

El presidente de la subcentral del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), Fernando Vargas, afirmó este martes que a pesar de la decisión del Gobierno de anular el contrato para la construcción de los tramos I y III en la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos, la novena marcha programada para el 25 de abril desde Chaparina, Yucumo Beni, continua en pie, pues lo que se busca es la anulación del proyecto carretero que afecta a la preservación de esta reserva natural.

El dirigente indígena señaló que la determinación anunciada por el presidente Evo Morales es “engañosa”, pues sólo se buscaría evitar la realización de la marcha, que según Vargas, contará con el apoyo de las comunidades que habitan el Parque Nacional Isiboro Sécure y organizaciones sociales urbanas, que adelantaron su respaldo.

En agosto del año 2008, la empresa OAS se adjudicó el contrato con el Gobierno boliviano para construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos. El tramo I y III  estaban en fase de edificación, mientras que el II —que pasa por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) — ya no será ejecutado por la firma brasileña, en tanto no se realice la consulta previa en las 64 comunidades que habitan la reserva natural.

/opinion.com.bo

Grupos afines al gobierno intentan “control social” y se enfrentan con médicos y trabajadores

Dirigentes de la Conaljuve llegaron en vehículos del Ministerio de Salud. Algunos testigos vieron como el presidente de la Conaljuve junto a otras personas llegaron hasta el Complejo Hospitalario de Miraflores en movilidades del Ministerio de Salud, situación que fue negada por el representante vecinal.

“Control social” deriva en enfrentamiento entre médicos y dirigentes de juntas vecinales
Vamos a acudir a la Fiscalía para presentar una denuncia por agresiones recibidas. Como Confederación estamos en la responsabilidad de hacer respetar los derechos de las vecinas y vecinos, dijo Cáceres

Fiscal General abre la puerta a penalización de la protesta médica

El fiscal General del Estado, Mario Uribe instruyó a los fiscales de distrito y materia, abrir investigación penal por la interrupción del servicio de salud a la población, porque vulnera un derecho humano, en contra del autor, autores y partícipes de los delitos referidos y otros que pudieran establecerse.

Dejó claramente establecido que el hecho a investigarse es la interrupción de los servicios de salud y de ninguna manera se está atentando al derecho de petición y de reivindicaciones sociales de los trabajadores del área de salud, resguardados por la Constitución Política del Estado y otras leyes pertinentes a esa área social.