sábado, 12 de noviembre de 2011

La oposición vuelve a pedir la anulación de las elecciones judiciales tras confirmarse que gana el voto nulo


Varios líderes opositores de Bolivia han reactivado este viernes la campaña para exigir la anulación de las elecciones judiciales después de que el Gobierno confirmara que los votos nulos superan a los válidos.

En 2009, el presidente boliviano, Evo Morales, aprobó la nueva Constitución que introducía una serie de reformas, como la celebración de las nuevas elecciones judiciales, que se convocaron por primera vez el pasado 16 de octubre.

El Gobierno calificó de "histórica" dicha votación y confirmó que los nuevos magistrados que ganaron las elecciones entre los candidatos elegidos por la Asamblea Nacional, que controla el partido de Morales, tomarán posesión de su cargo en las próximas semanas en los tribunales Supremo, Constitucional, Agroambiental y del Consejo de la Magistratura.

La oposición, que hizo campaña en contra de la participación en los comicios, ha pedido la anulación de los resultados. El empresario Samuel Doria Medina, líder de la formación Unidad Nacional, declaró que "el que ha obtenido la mayoría simple es el voto nulo, por lo tanto las elecciones deben anularse". "Los nuevos jueces no pueden asumir por falta de legitimidad, son inconstitucionales", añadió.

El centrista Movimiento Sin Miedo, que hasta el año pasado apoyó al Ejecutivo, aseguró que demandará al Gobierno ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por haber violado la Constitución al no querer repetir las elecciones.

El presidente del TSE, Wilfredo Ovando, rechazó las objeciones de los grupos opositores y comunicó que los nuevos jueces asumirán sus cargos a finales de mes, ya que "no fue una elección entre votos blancos y votos nulos, sino para elegir jueces y éstos ahora están electos".

Los resultados oficiales muestran que, dependiendo de la elección de cada tribunal, la diferencia entre votos nulos, que es mayoría excepto en el Tribunal Supremo, y votos válidos varía entre un 0,21 y un 1,93 por ciento.

Por otro lado, Morales destacó que doce de los 28 jueces elegidos son indígenas y un total de doce son mujeres, lo que calificó como "fruto de la revolución plurinacional".

LA PAZ, 11 Nov. (Reuters/EP) -

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jueves, 10 de noviembre de 2011

Morales insta a indígenas del Beni exigir la construcción de la carretera por el Tipnis

El presidente Evo Morales dijo a los indígenas de San Ignacio de Moxos que exijan a sus dirigentes y a sus representantes en el parlamento la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos para que atraviese por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).

Morales abre la posibilidad de retomar el proyecto carretero por el Tipnis


El presidente del Estado, Evo Morales, manifestó este jueves que la ejecución del tramo II de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, que pasa por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), puede continuar por decisión de los habitantes del lugar.

El primer mandatario de esta manera abre la posibilidad de retomar el proyecto carretero que días antes fuera descartada con la aprobación de la Ley de Protección del Tipnis que prohíbe que cualquier proyecto caminero pase por el parque, además de declararla intangible.

“Tal vez mi error fue no haber venido acá durante la marcha (en defensa del Tipnis), a escucharlos a ustedes, pero también es su responsabilidad hacerse escuchar con el pueblo boliviano. Lamento mucho que algunos compañeros parece que estaban con sus intereses de carácter político y económico y no velando por los intereses de San Ignacio de Moxos y del departamento de Beni, (ahora) es decisión de ustedes, yo dejo en manos de ustedes y salvo mi responsabilidad”, manifestó Morales en San Ignacio de Moxos, con motivo de la reminiscencia de la rebelión del indígena Pedro Ignacio Muiba.

En su alocución, el jefe de Estado leyó algunos pedidos de organizaciones del Tipnis, que insisten en que se construya la carretera que pasa por el parque, como el caso del Comité Impulsor del Desarrollo de Moxos.

“De no aceptar nuestra propuesta de la construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos, solicitamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional anexarnos al departamento de Cochabamba mediante una Ley Corta, y damos un plazo de 72 horas, a partir de la fecha, para luego desplazarnos al Tipnis para abrir la carretera con nuestras propias manos y herramientas, porque este territorio es nuestro y nadie nos puede prohibir la construcción de esta carretera”, decía el comunicado que leía el Presidente.

Morales aclaró que él cumplió con su responsabilidad de conseguir el financiamiento, ahora los indígenas deberán exigir a sus dirigentes la construcción de la carretera.

“Yo salve mi responsabilidad garantizando financiamiento para la construcción de camino, por tanto no me pidan a mí, pídanle a sus dirigentes, a los diputados de esta región”, agregó.
ERBOL
La Paz, 10 noviembre 2011

Iglesia llama a Evo Morales a cumplir acuerdos con indígenas


Delegados del Gobierno y de los indígenas amazónicos están enfrascados ahora en la discusión del término de "intangibilidad", cuyo alcance debe ser definido en una reglamentación a la ley a la que alude Morales.

La Paz. - La Iglesia católica boliviana llamó el jueves al gobierno a "respetar los acuerdos" con indígenas amazónicos para la anulación de una carretera que rompe su hábitat, en momentos en que sectores afines al presidente Evo Morales promueven la construcción a ultranza de esa ruta.

"Tenemos la firme esperanza de que se respeten los acuerdos alcanzados y consignados en la ley" que anula el proyecto caminero que quiebra en dos la reserva natural TIPNIS, manifestó el cardenal Julio Terrazas en la inauguración de la asamblea anual de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), indicó AFP.

Morales anuló con una ley el proyecto caminero luego de que cientos de indígenas llegaron en octubre a La Paz tras caminar 600 km durante 65 días desde la Amazonia y soportar en la marcha una violenta represión que intentó vanamente dispersarlos.

"Ni las dificultades del camino, ni las inclemencias del tiempo, ni la violencia de la que han sido víctimas han podido doblegarlos (a los nativos), porque los fortalecía el amor y apego a la tierra, la fe en el Dios de la vida y la convicción de estar en la verdad", dijo Terrazas.

En San Ignacio de Moxos, ciudad que iba a quedar conectada con Cochabamba por medio de la ruta cancelada, el presidente Morales confesó que "me han obligado con la marcha a rechazar la consulta" en una ley que declara además la "intangibilidad" del territorio TIPNIS, que eventualmente "podría perjudicar a los indígenas" en la explotación de los recursos de la región.

Morales recibió en una ceremonia de aniversario del departamento Beni pedidos de diversos sectores indígenas amazónicos para la construcción de la carretera, solicitud que se une a exigencias de sectores de cocaleros, afines al gobernante, para la construcción a todo trance de la ruta vetada por ley.

El proyecto caminero "fue rechazado lamentablemente usando algunos niños, a algunas hermanas embarazadas, creando un sentimiento profundo y me han obligado con la marcha a rechazar la consulta (constitucional)" a los pueblos indígenas para decidir obras en sus regiones, protestó Morales.

Delegados del Gobierno y de los indígenas amazónicos están enfrascados ahora en la discusión del término de "intangibilidad", cuyo alcance debe ser definido en una reglamentación a la ley a la que alude Morales.

/www.eluniversal.com/internacional/

miércoles, 9 de noviembre de 2011

Inician proceso a Erbol por publicación de la foto del celular de Delgadillo


El gobierno inició el pasado 31 de octubre un proceso en el Ministerio Público de la ciudad de La Paz contra Educación Radiofónica de Bolivia (ERBOL) por el presunto delito de “violación de la correspondencia y papel privado y violación de secretos”.

La denuncia, presentada por Juan Carlos Marín Choquemesa, es en referencia a la publicación de una fotografía del celular del ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Walter Delgadillo, donde aparece un mensaje de texto referido al pliego de la marcha indígena en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) que afectaba a los pobladores de Yucumo.

La acción legal iniciada a este medio responde a la amenaza vertida por el ministro Delgadillo el pasado 18 de septiembre en rueda de prensa.

“Erbol hace unas preguntas y hace unas agresiones, yo quiero decirlo, que ya rompen con todo (el) sentido de equilibrio. Usted sabe que me han fotografiado un trabajo de mensaje con las personas más próximas a mí, ¿Usted cree que es bueno hacer eso? Por nuestra parte haremos todo lo posible para que la ley se cumpla, en el caso de Erbol como en los otros casos”, dijo en ese entonces la autoridad.

Delgadillo precisó que iniciaría acciones legales contra Erbol por delitos que serán establecidos en los “niveles correspondientes de derecho”.

“Vamos a cumplir con la norma y con la norma nos vamos a defender (porque tenemos) todas las pruebas para iniciar el proceso el mismo lunes”, señalço en aquella oportunidad.
ERBOL
La Paz, 9 noviembre 2011

Medios estatales: De víctimas ¿a victimarios?


Como en todo medio de producción, el régimen de propiedad sobre los medios fue y es todavía un condicionante de sus contenidos. Controlarlo era necesario para dejar de ser alternativos y pugnar en serio por la dirección de opinión pública, sus actitudes y consecuencias. Pero los avatares parecen estar conduciendo a otros caminos.

Septiembre del 2008, no sólo fue el de la “toma de las instituciones” o del doble zanjón para la matanza de Porvenir. El 9 de ese mes, hace tres años, junto a las oficinas del Cejis, Entel, Graco, INRA y Migraciones, fueron asaltadas en la ciudad de Santa Cruz las instalaciones de Canal 7-BoliviaTV, al sur del 4to Anillo.

Fue el año en que, tras el arrebato asumido por el gobierno como una rebelión abierta, la derecha boliviana fue políticamente derrotada, aunque sigue intacta “su estructura económica institucional, corporativa, organizativa y sus cuadros”, asegura la politóloga cruceña Helena Argirakis en un reciente análisis sobre la eventual “derrota social” del MAS y del presidente Evo Morales.

Fue también el año en que los medios estatales de difusión dejaron un aparente rol de víctimas a fin de comenzar a equilibrar fuerzas con sus adversarios, coadyuvando el 2009 a seducir a fracciones de clase media que en las elecciones de diciembre completaron lo que faltaba para arrancar a la derecha el veto a las decisiones mayoritarias, trasladando a manos del régimen los dos tercios que ahora éste ejerce con una reciedumbre que sus críticos asocian con la soberbia y la autocracia.

“Al no haber política comunicacional y, además, al subordinar toda información a la agenda de provocación de los medios privados, el gobierno sólo responde de modo defensivo, y ello le obliga a no producir nada que no sea otra provocación”, observó el filósofo Rafael Bautista, atento a los procesos de comunicación.

Sin embargo, tras los contrastes de las municipales de abril del 2010, los medios estatales –de los paraestatales se hablará más adelante– han avanzado, especialmente los últimos meses y semanas, hacia extremos que los convierten en lo que sus prácticas más frescas los pintan de cuerpo entero: el redoblado monólogo del discurso oficial con la sustancial eliminación de los contenidos del adversario –sobre todo en tv– y el abuso de la propiedad pública, en un contexto de obsecuencia que los lleva hasta la irrupción de la intimidad del disidente, y la complacencia que se traduce en ordalía de transmisiones oficiales matizadas con la futbolería más chauvinista, en vivo o diferido.

Es decir, la aplicación de aquella vieja fórmula heredada de los emperadores romanos, panem et circenses, donde las marraquetas vienen con los múltiples bonos y rentas que acaban en el estómago, mientras en los soportes –papel, pantallas u ondas radiales-- desfila la propaganda disfrazada de información o inyectada con alguna parte de ésta, para hacerla verosímil.

El gobierno creó por decreto el Ministerio de Comunicación y “alguien debería darle esa primicia al periodista Iván Canelas, pues no se ha enterado”, dice Alfonso Gumucio, especialista en comunicación para el desarrollo, al lamentar las funciones del ex Vocero “capaz de seguir el ritmo del Presidente, quien lo lleva de un viaje a otro, como si siguiera siendo su portavoz o asistente personal”, aunque, observa, “las funciones de un ministro a cargo del área estratégica de comunicación no pueden ser esas”.

”Pecaría de ignorancia el Ministro si no entendiera que las responsabilidades que tiene en sus manos son mucho más importantes e interesantes, que traducir el pensamiento de Evo o arreglar los entuertos que producen sus precipitadas y poco reflexivas declaraciones”, agrega Gumucio en “El misterio del Ministerio”.

Bandos y transiciones

Hace casi tres años, al ganar las calles el hoy alicaído Cambio, la cadena Erbol advirtió que con el nacimiento de este diario “y la alta posibilidad de compra del periódico La Razón por parte de inversionistas venezolanos, el mapa mediático puede quedar ideológicamente dividido en dos grandes bandos”.

Uno corresponde al conformado por los emporios periodísticos del ex grupo Líder, disuelto en julio pasado, pero que no ha perdido en conjunto su influencia nacional a la cabeza de El Deber en Santa Cruz y Los Tiempos en Cochabamba, cabeza de una serie de diarios menores publicados por Editores Asociados, de la familia Canelas

Junto con ellos, la “televisión privada”, en manos de grupos empresariales cruceños (Monasterio, Kuljis, Daher), ha sido especialmente cuestionada por el régimen que recientemente la ha vuelto a acusar de conspiración para desestabilizarlo.

“Algunos medios deberían disculparse ante el pueblo por haber emitido falsedades y estar inmersos en un complot mediático para dañar al gobierno", dijo al comenzar octubre el vicepresidente Alvaro García, en plena refriega por los saldos de la represión a “los tipnis”.

La réplica no se dejó esperar. Andrés Gómez, director de la red Erbol, de la Iglesia Católica acusó: “Ante tan apabullante revés social [las autoridades] denunciaron un inexistente complot mediático con el fin de esconder al autor de la orden de la represión o lo peor de todo culpar a los periodistas de la ausencia de gobierno entre el mediodía del domingo y el mediodía del lunes”, en que se produjo la represión policial. “Erbol es amiga de Evo y Álvaro, de los excluidos, del pluralismo, pero es más amiga de la verdad”, aclaró.

Aun el director del Grupo Fides, Eduardo Pérez, entusiasta del proceso de cambio que ha acabado por desilusionar a muchos que acrecientan cada día la disidencia desde “adentro “ de la izquierda, expresó pocos días antes de los comicios su pesar por el futuro del régimen a partir del maltrato a los indígenas del territorio Isiboro Sécure.

Ni Erbol ni Fides parecen ser, sin embargo, los adversarios ya históricos del régimen populista, función más bien arrogada a la prensa controlada por los grandes empresarios privados, que, además, apuntalan con sus medios la fortaleza de sus negocios mayores.

Hacia julio del 2008, una solicitada oficial sobre “La manipulación informativa en los medios de comunicación”, identificó los telenoticieros de Unitel y PAT, y los matutinos El Mundo, El Deber, La Razón, La Prensa, El Diario y El Potosí, además de la agencia ANF, entre los medios que la Vocería puso como ejemplo de faltar a la verdad.

Seis meses después, el régimen de propiedad comenzó a cambiar, por partes.

En enero del 2009, el consorcio español Prisa comunicó que vendía a la sociedad Akaishi Investments su participación del 25% en la compañía propietaria de la red ATB, por 4,1 millones de dólares. No se ha podido verificar si Akaishi es aún propietaria de la porción o la ha transferido a algún grupo venezolano, como aquel representado el 2009 por Daniel Cruz.

En octubre de ese año, la prensa local difundió la versión del diario venezolano Últimas Noticias según la cual Jordán Silva y Joaquín Livanello eran los representantes del consorcio venezolano que adquirió las acciones de la red.

“Son los mismos que negociaron la compra de La Razón. Estos dos venezolanos aparentemente manejan intereses de Carlos Gil”, el banquero y empresario venezolano, consignó Erbol el 2 octubre de ese año.

Pero en abril del 2010 los directivos Javier Cortezón y Daniel Cruz, de Illimani de Comunicaciones SA-ATB revocaron sus poderes en uno nuevo que habría conferido la sociedad en favor de Marcelo Hurtado como presidente del Directorio, según un expediente de ese mes en el Tribunal Constitucional, a propósito de un caso sobre el reglamento de propaganda electoral.

El portal del grupo de abogados Salazar, Salazar, muestra a Hurtado como uno de los socios y a Fernando Salazar, como el principal.

Para el 20 abril de ese mismo mes. La Razón dio cuenta que el Grupo Prisa concluía la desinversión en Bolivia iniciada en noviembre anterior, y tomaba el control del 17% del paquete accionario de la cadena estadounidense de televisión V-me, representado por Carlos Gil. Precisaba que “producto de un intercambio de participación accionaria entre ambos, Gil asumió el control mayoritario de las acciones en los periódicos La Razón y Extra”.

Al pasar los meses, las transiciones no cambiaron del todo el telón de fondo –grandes medios privados vs. medios estatales– aunque contribuyeron a equilibrarlo.

Los discretos socios bolivianos de Prisa fueron relevados por otros, algunos más herméticos que otros. El cambio de directores de medios no se dejó esperar y uno de éstos sufrió el relevo de hasta cinco en menos de 19 meses, sin contar sus gerentes.

Ojo por ojo, pero sin horizonte

“Si el gobierno es soberbio e intolerante, la oposición y los medios hicieron hasta lo imposible para generar aquello; porque frente a la calumnia y la falsedad, la mentira y la hipocresía, generaron las condiciones para que su increpado replique en sí mismo todo aquello, como única respuesta a semejante atropello discursivo”, observa Rafael Bautista.

“Peca de ingenuo por no tener política comunicacional (porque ésta no la asegura el tener un ministerio de comunicaciones); por no saber cómo proponer alternativas al uso perverso que hacen los medios del entretenimiento y la información”, agrega el también estudioso de la descolonización.

Contra el paulatino crecimiento de las radios comunitarias adeptas al gobierno, lo mismo que proyecta ser el “canal iraní” con instalaciones en Obrajes, sur de La Paz (fácilmente identificables porque en la puerta aparece una joven envuelta en el tradicional velo islámico que le oculta la cara), la aparición de un nuevo diario en La Paz es toda una incógnita respecto de su orientación en la hora decisiva, por la incertidumbre que despierta entre los periodistas con horas de vuelo su dirección “equilibrista” –que no significa equilibrio, aclaran–, y el hecho de que los dueños son empresarios que apuestan al mejor negocio, sea con el Estado o no, según una fuente diplomática cercana a los directores de medios.

Negocios son negocios, diría el magnate mexicano-estadounidense Ángel “El Fantasma” González, con altos intereses en Bolivisión, mientras el canal iraní espera albergar a los grupos de choque mediático y la televisión estatal no debate y sigue un curso errático (del hostigamiento a la reciente recepción hipócrita a los indígenas, por ejemplo), al tiempo que el semanario La Epoca tiene clara su distancia de apoyo crítico al cambio y las transformaciones.

Obstrucción y conflicto

“Durante los primeros dos años de gestión del MAS la relación de éste con los medios privados se ha caracterizado por responder a un modelo de competencia, en el cual ambos actores se esforzaron por fijar, controlar e interpretar la agenda pública. La relación de obstrucción entre ambas partes tuvo carácter cotidiano, mientras que la relación de conflicto tendió a intensificarse”.

Eso es lo que afirma una investigación de maestría en la Universidad Simón Bolívar, presentada por Carina Ossio el 2009 con base en la contrastación de ambos discursos.

El contenido de las notas mostró al gobierno y al presidente Morales claramente confrontado con los medios: “Evo bajo el tono de su discurso pero se estrella contra la prensa”, “Evo acusa a los medios”, “Evo se siente víctima de los periodistas”, “Morales dice que la prensa llega a humillar y a mentir”.

Por su parte, medios y periodistas exhibieron una faceta de constante reclamo y denuncia a través de titulares tales como: “Ataques a la prensa de Morales son violación a derechos humanos”, “Periodistas denuncian plan de amedrentamiento y exigen garantías”, “El Presidente quiere que los periodistas revelen fuentes”.

Es posible concluir que existió una “notoria agresividad” en las notas, incluidas las editoriales, hacia el Presidente. Se aprecia una pérdida de respeto no sólo a la investidura, sino también a su dignidad en la medida en que utilizan indirectas a su origen étnico al identificarlo como el Presidente indígena, “figura que no ocurría en investiduras pasadas, por ejemplo denominar a Sánchez de Lozada el Presidente gringo”, sostiene la investigación.

De acuerdo a ella, en una primera fase Morales acusó al sector mediático de ser enemigo de su gobierno y su “principal oposición”, pero en la segunda su discurso viró a que los periodistas son en realidad afines a su propuesta y que los propietarios son los efectivamente opositores que haciendo valer la relación patrón-empleador, obligan a los reporteros y editores a mantener la línea opositora del medio.

“La hostilidad y el antagonismo se evidenciaron en las denuncias del Presidente en contra de los medios y viceversa. Estas acciones, evolucionaron de un estado de obstrucción a otro de conflicto en un creciente número de episodios a medida que este antagonismo se fue haciendo más intenso, exacerbado”.

Así, los medios denunciaron agresiones a periodistas y sus instalaciones e identificaron como primer responsable a Morales. Por su parte, el régimen observó que los medios procuraron aprovechar la influencia que tienen sobre la sociedad para desacreditar las acciones gubernamentales a través de sus notas informativas y de opinión, en una suerte de tarea de desprestigio; a lo que desde Palacio Quemado se replicó: “terrorismo mediático”, “enemigos del gobierno”, “corruptos”, “vendidos a la derecha” y “provocadores”.

Los excesos

Las coberturas a la marcha de “los Tipnis” y comicios han significado todo un desafío de eficiencia y ética que al parecer los medios estatales –y paraestatales, más sutiles y menos pedestres, pero con el mismo contenido de fondo– no han logrado vencer del todo.

Para Waldo Albarracín, ex Defensor del Pueblo, en las versiones que emiten los medios estatales se registra tal minimización de los hechos reales que implica su “tergiversación”: son “medios para-gubernamentales” y/o “portavoces del gobierno”, lo que lleva a la “corrupción”, pues Cambio, Radio Patria Nueva y Bolivia TV deben estar al servicio del Estado boliviano –remarca–, teniendo en cuenta además que “el Estado no sólo es el gobierno”.

Con la nueva ley de Telecomunicaciones, el régimen está en condiciones de traducir sus dos tercios de voto en otros dos tercios de control sobre los medios (al menos numéricamente) una vez que el artículo 11, establece que se otorgará un 33 % del espectro electromagnético al Estado, 17 % al sector social comunitario y el 17 % a los pueblos indígenas originarios y campesinos, restando el 33 % para el sector privado

Adicionalmente al crecimiento de los medios progubernamentales. la nueva ley obliga a los operadores de radio y televisión abierta a realizar en forma gratuita transmisiones en cadena de los mensajes presidenciales. Y autoriza las escuchas telefónicas “en caso de seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastres”.

Todo ese poderío contrasta notablemente con la precariedad que subsistía aún el 2007, expuesta, para la anécdota, durante el escándalo de “los rugrats de YPFB”, cuando jóvenes funcionarios al mando de Manuel Morales en La Habana, puestos en ridículo por sus correrías en la playa después de un curso de negociación de contratos, desataron la burla de los telenoticieros de mediodía.

Unicamente ATB, por entonces en manos de Prisa –ni siquiera el canal estatal– pudo dar por la noche la versión de contraparte. El mérito correspondió a una reportera que, irónicamente, el 2010 fue despedida de uno de los medios estatales; el mismo que mantiene al reportero más reverente dándole duro a los adversarios presidenciales, incluido Pedro Montes, de la COB, quien lo protegió cuando alguna gerenta consciente de los riesgos decidió echar al susodicho del negocio en que se ha convertido su espacio nocturno.

¿Y qué de los paraestatales?

Más refinados en el arte de presentar las noticias y los géneros interpretativos (como algunas encuestadoras arman resultados y algunos economistas cocinan escenarios) –y por eso mismo más hábilmente peligrosos a la hora de hacer pasar gato por liebre–, los medios paraestatales, pletóricos de reciclados que datan desde los tiempos de la democracia pactada y directivos que creen controlar el polvorín bajo sus pies, darán que hablar con intensidad probablemente en algún momento de lo que resta del año. Como en muchos casos, la culpa no es del puerco, sino del que lo engorda.

Lo que sigue, son tres de las muchas citas que ilustran una parte del panorama descrito en los anteriores párrafos.

“La Razón sigue siendo líder en cuanto a la venta de periódicos en La Paz, pese a que hay una percepción de que cambió en su inclinación política, le sigue El Diario y nosotros estamos en tercer lugar”, Diego Canelas, director de La Prensa, julio del 2011.

“Se han planteado otros peligros: de los intereses no sólo del poder de turno –de los intereses políticos económicos de turno–, sino de los poderes, también, de los propietarios de los medios. Sabemos los que trabajamos con mayor o menor cercanía a estas propiedades que todo medio pertenece a alguien, obedece al interés empresario, terratenientes, palos blancos; sabemos que todos obedecemos a una propiedad privada, a un medio estatal, y que el margen de eso tenemos que ir viendo el juego de cintura que nos permita vivir con tranquilidad después de haber informado”, Claudia Benavente, directora de La Razón, debate de la ANP sobre libertad de expresión, octubre del 2011

“Pienso en el Presidente y, por todo lo que ocurre fuera del Palacio, no cabe duda que las palabras que escuché en esa última visita de despedida, resultan por demás ciertas, no tanto por el pobre Evo que anda perdido en los laberintos del poder, sino por sus íntimos ayudantes que saben a dónde van”, Ramiro Ramírez editor saliente de Cambio.

* Fuente: Revista IN, N° 18 Santa Cruz, oct-nov del 2011.
Rolando Carvajal
bolpress

Indígenas del TIPNIS toman oficina regional del SERNAP en el Beni

La oficina regional del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) en el departamento del Beni fue tomada la mañana de este martes por originarios del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), en rechazo a la designación de nuevas autoridades en estas instituciones, según un despacho de la Agencia Plurinacional de Comunicación.

martes, 8 de noviembre de 2011

Gobierno quiere modificar Ley que frena construcción de carretera por el Tipnis


El gobierno abrió la posibilidad de promover la modificación de la Ley corta, que impide la construcción del tramo dos de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, a través del territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, dijo que la Ley corta tiene que ser modificada y representar también los intereses de aquellos que quieren la carretera.

“(La Ley) tiene que ser corregida a partir de generar una mayor información de nosotros como gobierno, (…) como son las propuestas que tienen diferentes sectores, porque si bien otros compañeros no renuncian a la defensa del Tipnis, otros tampoco renuncian a la construcción de la carretera, y si ustedes ven, a La Paz llegaron no más de 5 comunidades de las 69 comunidades que viven en el Tipnis”, sostuvo Navarro en la ciudad de Cochabamba.

Asimismo cuestionó el discurso de que el Parque Nacional se mantiene intocable y sin ningún tipo de alteración en su flora y fauna.

“Nosotros consideramos que en el corto plazo este tema se va a resolver de una manera mucho más positiva, porque los mismos dirigentes que presentaban la virginidad del Tipnis hoy están demostrado que ellos lucran con la hipoteca y el alquiler de los recursos naturales”, enfatizó.

Sectores afines al MAS preparan movilización

La presidenta del Movimiento al Socialismo en Cochabamba, Leonilda Zurita, dijo que se prepara una gran movilización con todos los sectores del departamento para exigir al legislativo que modifique la Ley de Protección del Tipnis que lo declara territorio intangible.

“El estado de emergencia en Cochabamba no se ha descartado, estamos preparando e informando a todos, hemos dicho a las bases sobre la ley e informado en detalle, y con la participación de diferentes alcaldes y asambleístas esto tiene que ser una gran movilización masiva para decir que si se modifique la ley corta”, señaló.

El senador del MAS, Julio Salazar, en declaraciones a Erbol dijo que los habitantes del Tipnis, que quieren la carretera, iniciarán acciones legales para que el gobierno pueda abrogar la Ley corta.

“Habría que analizar, quien sabe habría que plantear la inconstitucionalidad o alguna demanda a esta Ley, porque si algunos hermanos indígenas piden la modificación lo vamos a hacer, porque no puede ser que algunos hermanos indígenas no tengan derecho a la educación y la salud”, manifestó.

Salazar agregó que la dirigencia indígena, con la aprobación de la Ley, sólo buscaba proteger los intereses de empresas transnacionales asentadas en el Parque.

Frente a estas afirmaciones, el dirigente indígena, Lázaro Tacoo, indicó que si el MAS pretende abrogar la Ley de protección del Tipnis, estaría buscando el acortamiento del mandato del presidente.

“El MAS pretende hacer una nueva acción de revocar esta ley, imagínese, ellos estarán incidiendo e insinuando acortar el mandato del presidente Morales porque el país y nosotros los indígenas no vamos a aceptar eso”, advirtió.
ERBOL
La Paz, 8 noviembre 2011

Yungueños proponen un referendo nacional sobre el consumo de la hoja de coca


La Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz informó que plantearán de manera oficial en un ampliado del sector, que está previsto para diciembre y enero próximo, la realización de un referendo nacional sobre el consumo de coca en Bolivia.

El presidente de Adepcoca La Paz, Ernesto Cordero, dijo que los productores de coca de La Paz este tema debe ser resuelto en un referendo, donde la población determine si acullica (mastica) o no la hoja verde y si lo hace de dónde prefiere consumir, es decir, si de la planta producida en los Yungas paceño o del Chapare cochabambino.

“Nosotros como Yungas queremos plantear que vayamos a un referendo, el pueblo de Bolivia, el hermano boliviano defina qué coca pijchea (mastica) a nivel nacional”, afirmó Cordero, en declaraciones a la Red Erbol.

Un análisis realizado por el representante para el país de la Organización de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDC), Cesar Guedes, apunta a que del total de producción de la hoja de coca en Bolivia, 31 mil hectáreas durante 2010, dos tercios (más de 20 mil hectáreas) estuvieron y están siendo destinadas a la producción de droga.

Estas cifras fueron rechazadas por el exdirigente cocalero y senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Julio Salazar, quien dijo que estas afirmaciones no sólo buscan desacreditar el trabajo que lleva adelante el actual Gobierno en su lucha contra el Gobierno.

“Es una vergüenza que Naciones Unidas mienta y quiera engañar al mundo, primero debería ir a ver dónde está exactamente, hacer investigaciones, análisis a nivel nacional e internacional”, manifestó el legislador del partido de Gobierno. Asimismo, justificó la existencia de 20 mil hectáreas de coca destinada al masticado y otros derivados del arbusto.

Según Gregorio Lanza, exfuncionario del Ministerio de Gobierno, un estudio sobre el consumo de coca llevado adelante por instituciones privadas, sostiene que para el consumo interno no se necesita más de 12 mil hectáreas de la hoja verde.

“Nosotros hemos proyectado el consumo de hoja de coca y no es más de 12 mil toneladas, en realidad estamos hablando de unas 12 mil hectáreas”, afirmó.

De acuerdo a cuadros estadísticos sobre cultivos de la hoja de coca, en 2000 hubo aproximadamente 14.600 hectáreas, 19.900 hectáreas en 2001, 30.900 en 2009 y 31.000 en 2010.

La Ley 1008 reconoce como legales sólo 12.000 hectáreas. A ellas se sumaron las 8.000 has, que legalizó el presidente Evo Morales a través de un decreto, para incluir la producción registrada en los catos del Chapare.

erbol

lunes, 7 de noviembre de 2011

La ONU calcula que de 31.000 hectáreas; más de 20.000 van al narcotráfico


Un análisis realizado por el representante para el país de la Organización de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDC), Cesar Guedes, apunta a que del total de producción de la hoja de coca en Bolivia, 31 mil hectáreas durante 2010, dos tercios (más de 20 mil hectáreas) estuvieron y están siendo destinadas a la producción de droga, según “GAIA Noticias”.

Las áreas cercanas donde se produce esta planta, los Yungas (La Paz) y el Chapare (Cochabamba) son donde mayor presencia de laboratorios y fabricas de estupefacientes existiría.

La evaluación alerta sobre la presencia de cada vez más ciudadanos extranjeros dedicados a la actividad ilícita de la producción y tráfico de pasta base y clorhidrato; el intercambio de fuego entre colombianos y efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR) en el rio Sécure sería una muestra clara del incremento de esta actividad delictiva.

“Esta situación ya es una alerta y es importante que estos casos se estudien, se analicen y se vean realmente los tentáculos de este tipo de bandas, organizaciones que están operando en el país; al haber habido ya muertos y detenidos creo que es una oportunidad realmente para analizar y que las autoridades den a conocer pues en que situación se encuentra este tipo de crimen organizado en el país y que se tomen rápidamente las medidas del caso”, recomendó el representante.

La solución del problema, según la ONUDC, no solo pasa por incrementar las incautaciones de droga en el país, sino también por diseñar y ejecutar estrategias certeras para erradicar los cocales, debido a que su existencia alentaría y facilitaría, de alguna manera, la producción de droga en Bolivia.

Guedes también señaló que al país llegan emisarios de carteles internacionales, sobre todo colombianos, realidad que debería ser visibilizada por las autoridades, porque muchos de estos sujetos llegan a territorio nacional para incentivar logística y económicamente las actividades ilegales de clanes familiares ligados al mundo del hampa.

Un reciente informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) detalla que en el país se incautó entre enero y octubre de esta gestión más de 27 toneladas de cocaína, además de destruirse 16 laboratorios de cristalización.

Desvió de coca

Un informe de la Dirección General de Control de hoja de Coca e Industrialización (DIGCOIN) señalan que durante el año 2009, en toda Bolivia, hubo una cosecha de 54.628 toneladas de coca, de las cuales aproximadamente 35.161 toneladas no pasaron por ninguno de los controles de esa oficina gubernamental, cantidad que en el mercado ilícito se habría comercializado en un valor de 265 millones de dólares.

Para 2010, la cantidad de coca comercializada en el país llego a los 40 millones de libras, de las cuales 80 por ciento pertenecieron a los Yungas paceños y 20 por ciento al Chapare de Cochabamba. Durante esa gestión se confisco 1.500.000 libras de la planta.

En el país la cosecha, traslado y comercialización de coca es fiscalizada solo por 140 efectivos del Grupo Especial de Control de Coca (GECC) y 120 funcionarios de DIGCOIN.

Mensualmente, al departamento de Santa Cruz llegan alrededor de un millón y medio de libras de coca, gran parte de este producto, según informes de la FELCN, se desvían a la población de Yapacaní ubicada a 130 km de Santa Cruz de la Sierra y a 170 km de Chapare.

En 2010 el valor de la producción de hoja de coca en Bolivia alcanzó aproximadamente los 310 millones de dólares. Este valor equivale al 1,7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

La norma

La Ley 1008 reconoce como legales sólo 12.000 hectáreas. A ellas se sumaron las 8.000 has, que legalizó el presidente Evo Morales a través de un decreto, para incluir la producción registrada en los catos del Chapare.
ERBOL
La Paz, 7 noviembre 2011

¿Fraude electoral? Wilfredo Ovando oculta información y hace valer su "derecho al silencio"


El Presidente del TSE no aclara las irregularidades denunciadas por el MSM y se niega a rendir cuentas al Ministerio Público.


El Movimiento Sin Miedo (MSM) exigió al presidente y a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que expliquen por qué marginaron a candidatos indígenas en las elecciones judiciales; por qué no inhabilitaron a 10 postulantes que violaron la ley; por qué fraguaron resoluciones, y por qué no muestran hasta ahora las actas electorales de los comicios del 16 de octubre. El jefe del TSE Wilfredo Ovando se negó a declarar dos veces ante el Ministerio Público y el 3 de noviembre prefirió hacer valer su “derecho al silencio”.

Desde el 20 de julio, el MSM lanza una serie de denuncias y demandas contra el presidente y los vocales del Órgano Electoral por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE), retardación de justicia, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, todos ellos tipificados en los artículos 153, 154, 177, 199 y 203 del Código de Procedimiento Penal, y castigados con penas de entre dos y 10 años de cárcel.

El 20 de julio, el MSM presentó la primera denuncia ante el Ministerio Público en contra de las autoridades del TSE, por el presunto “cuoteo” de precandidatos en la Asamblea Legislativa y por la omisión de la representación indígena en las candidaturas para el Tribunal Supremo de Justicia en La Paz, Beni, Pando y Tarija. “Reiteramos la posición de que se devuelvan las listas a la Asamblea, pero la sala plena del TSE emitió una resolución que ratificaba que las listas estaban de acuerdo a Ley y que no las devolverían”, recordó la abogada del MSM Aida Camacho. Una vez conocida la resolución del TSE de convalidación de dichas listas, el 4 de agosto el MSM amplió la denuncia contra el TSE por el delito de resoluciones contrarias a la CPE y las leyes.

El 16 de septiembre, el MSM presentó una segunda demanda ante el Órgano Electoral, solicitando la inhabilitación de 10 candidatos que habrían cometido delitos electorales al hacer propaganda a su favor. Los denunciados son Freddy Sanabria Taboada, Rufo Vásquez Mercado, Juan Orlando Ríos Luna, Ligia Mónica Vásquez Castaños, Sorayda Chanez Chine, Bernardo Guarachi, Milton Mendoza, Rómulo Calle Mamani y Mario Villca Choqueta.

Según el Artículo 211 de la Ley Electoral, el TSE tenía 72 horas de plazo para resolver la demanda de inhabilitación, pero no se pronunció argumentando, en primera instancia, que no se reunió la sala plena y, posteriormente, que estaba entregando notificaciones a los 10 impugnados para que presenten sus descargos. “El 7 de octubre el MSM pidió al TSE fotocopias legalizadas de las notificaciones entregadas a los demandados, pero como respuesta nos dijeron que nosotros no teníamos por qué saber si se notificó o no”, reveló Camacho.

Ante esta situación, el 11 de octubre el MSM presentó una demanda de Amparo Constitucional contra el TSE, ante la negativa de pronunciamiento sobre la inhabilitación de 10 candidatos; y el 18 de octubre cursó un nuevo memorial al TSE exigiendo su pronunciamiento. Recién entonces el TSE entregó la Resolución 0239-2011, fechada el 13 de octubre, en la que declara “improbada” la demanda de inhabilitación, más una notificación que supuestamente fue entregada también el día 13.

El mismo 18 de octubre, la abogada del MSM rechazó la notificación del Órgano Electoral, dando cuenta de su falsedad, ya que nunca se produjo la supuesta notificación. Pese a las irregularidades, cinco de los 10 candidatos impugnados fueron elegidos magistrados. Todo esto demuestra que el TSE nunca tramitó ni consideró la demanda de inhabilitación de candidatos del MAS, aseguró el jefe del MSM Juan Del Granado.

“El TSE fraguó fechas y notificaciones en la Resolución 0239 no solo para justificar su omisión sino para favorecer a Freddy Sanabria Taboada, Bernardo Guarachi, Milton Hugo Mendoza, Melisa Sánchez Mamani y Wiliam Alave Laura, candidatos que debieron ser inhabilitados y que ahora aparecen como ganadores y electos como magistrados en el Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo de Justicia, respectivamente”, denunció Del Granado.

El 27 de octubre la abogada Camacho formalizó ante la fiscal Verónica Arancibia una nueva denuncia penal en contra de las autoridades del TSE por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la CPE, retardación de justicia, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado. Enjuiciaremos a Ovando y a todos los firmantes de la resolución 0239-2011 “porque este documento denota falsificación”, anunció el jefe del MSM.

El Ministerio Público emitió dos citaciones para que Ovando se presente a declarar, pero la autoridad no atendió los requerimientos. Justificó su ausencia a la primera citación por motivo de viaje, pero no presentó ninguna excusa para su segunda falta. “A partir de ello establecimos la absoluta renuencia de parte de Wilfredo Ovando para dar cuenta de las inobservancias y de la adecuación de su comportamiento a tipos penales”, enfatizó Camacho.

Aida Camacho expresó su extrañeza por la tardanza en el proceso debido a la renuncia del primer fiscal asignado al caso, Robert Vargas, y a que llevó tiempo nombrar a la nueva fiscal y que ésta se interiorice de la denuncia. “En algunos casos la justicia vuela pero en otros queda totalmente estancado”, observó.

El 28 de octubre, el MSM solicitó a la fiscal Arancibia que ordene la aprehensión de Ovando por plantar a la Justicia en dos ocasiones. Es así que el presidente del TSE Wilfredo Ovando finalmente se presentó a declarar el 3 de noviembre, pero decidió acogerse al silencio y no brindó explicaciones sobre los casos que recaen sobre él y los demás miembros del TSE, informó la fiscal.

“Todas las acciones irregulares que hemos denunciado están establecidas en cada uno de los documentos que fueron presentados en calidad de prueba; la falta de transparencia no solamente se demuestra en ello, sino también en cada una de las acciones del señor Ovando, quien con esta actitud de ampararse al derecho al silencio, que es su derecho constitucional, lo único que está haciendo es ocultar una vez más lo que pudo haber sucedido” antes y después de la elección judicial, subrayó la abogada del MSM.

Tribunales electorales se niegan a entregar actas de sufragio

Luego de las elecciones, el MSM presentó un memorial para que los nueve Tribunales Departamentales Electorales del país entreguen fotocopias legalizadas de las actas, ante la duda sobre su veracidad. El partido opositor argumentó que era necesario realizar un estudio detallado de la documentación porque existe la duda de algunos resultados que no estarían reflejando la voz de la ciudadanía, que el 16 de octubre manifestó su “rechazo contundente en la lista de jueces elegidos por el MAS”, dijo el asambleísta Fabián Yaksic.

El legislador resaltó que los votos nulos superan en número a los votos validos, y sumados a los blancos representan prácticamente el 60% de los sufragios emitidos. En el caso del Tribunal Supremo de Justicia, se estaría bordeando el millón de votos blancos versus un millón y medio de validos, y más de un millón y medio de nulos.

Sin embargo, la solicitud del MSM fue rechazada en dos oportunidades por el Órgano Electoral con el argumento de que el “petitorio contiene expresiones ofensivas en contra de sus miembros”. “¿Cuáles son estas expresiones ofensivas? Que le decimos al Tribunal Electoral de La Paz que no confiamos en sus datos, que no confiamos en su parcialidad y por eso pedimos las actas”, explicó Del Granado.

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¿Qué hacer con la economia de favores?


Mientras Bolivia continué privilegiando a ciertos grupos de habitantes con una economía de favores y el gobierno quiera remplazarla por una más real, sin duda, Evo Morales continuará debilitándose debido a ambas razones.

Está el caso de la gasolina. Se afirma que es subvencionada. Lo que es falso, porque sus costos de producción son cubiertos con sus precios de ventas (ver Sobre la Subvención de Alejandro F. Mercado), apreciación de un economista basada en datos de la CEPAL ¿Por qué las autoridades competentes no informan semejante detalle al Presidente del Estado Plurinacional? o si él lo conoce ¿cuál es la razón de que no se tome en cuenta este punto? ¿Manejar ante la opinión pública la amenaza de un aumento del precio de la gasolina permite ocultar la realidad y mantener subvención del diesel y del gas para los agricultores e industriales, verdaderos itemes subvencionados? Estamos seguros que la mayor parte de la subvención estimada de USD 500millones para el 2011 y de los 700 millones prevista para el 2012 debe ser para el diesel y el gas.

Otro aspecto importante es el de la inflación debido a los ingresos por exportación, giros de inmigrantes y narcotráfico, evidentemente con tendencia a la baja, pero actualmente presionando hacía el crecimiento de la demanda. El gobierno decidió manejar este asunto por la vía cambiaria, revaluando la moneda local ante el dólar estadounidense. Mientras que Argentina y Brasil están haciendo al revés, devaluando sus monedas y revaluando el dólar estadounidense con el que pagan nuestras principales exportaciones. Pero aumentar los sueldos, aunque sea mínimo, de los casi 500.000 funcionarios públicos, dato del número de ellos que son pagados por el Banco Unión y antes eran por el Banco Mercantil Santa Cruz, para compensarles la inflación, es como contra restar las medidas cambiarias. Evidentemente, no hacerlo, es un potencial problema político para los gobiernos nacional, departamental y municipal.

Queda lo de ampliar el universo impositivo, Todos sabemos que los gremialistas y contrabandistas son los más privilegiados con el régimen simplificado creado a favor de los pequeños. Pero muchos de los primeros actúan como vendedores ambulantes de los grandes importadores, incluidos legales. No faltando entre los contrabandistas, quienes abastecen igualmente parte de la mercadería de los legales. En otras palabras, el microcrédito que debiera favorecer a los productores, en nombre de los cuales se obtuvieron en el exterior donaciones y créditos concesionales, así como socios benefactores, quedó en casi pura imagen de estar haciendo algo en beneficio de los pobres, sin desmerecer lo que pudieron concretar, pero en los hechos, fue más favorable a los pequeños comerciantes, muchos de los cuales sirven a los grandes importadores y contrabandistas de todo tamaño.

¿Evo Morales podrá insistir intentando frenar la economía de favores sin desgastarse más? 
bolpress
F. Xavier Iturralde

Narcos extranjeros en Bolivia


Al lamentar la muerte de un policía antidroga en un enfrentamiento la reserva ecológica Isiboro Sécure, donde se descubrió una fábrica de cocaína, el presidente Evo Morales admitió la presencia de narcotraficantes extranjeros.

“Hay intereses externos en este tema de la ilegalidad" dijo el presidente boliviano. "Hay interés de colombianos, mexicanos y seguramente de otras nacionalidades que llegan a Bolivia para perjudicar al país", aseguró Morales, ""para usar a los bolivianos, para victimar a los bolivianos".

El mandatario anunció que "se han detenido colombianos en la ciudad de Santa Cruz. Pero es nuestra obligación ver cómo enfrentar este tema del narcotráfico".

A la misma vez, el mandatario boliviano pidió comprensión por la eliminación de coca excedentaria o ilegal.

“Los compañeros de base tienen que entender que lamentablemente una parte de las hoja de coca es desviada a un problema ilegal, a un problema como es la cocaína que hace mucho daños a la humanidad, especialmente en los países llamados desarrollados o del sistema capitalista" afirmó Morales.

Mientras tanto, el comandante de la fuerza antidroga, el coronel Wilmar Saliman Romero, aseguró que en 2011 ya se eliminaron más de 9.000 hectáreas de coca ilegal, al señalar que la fuerza “ha logrado racionalizar y erradicar hasta el 4 de noviembre de la presente gestión la cantidad de 9.194 hectáreas con 7.370 metros cuadrados".

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