miércoles, 8 de febrero de 2012

MSM: El MAS pretende encubrir contratos lesivos al Estado

El gobierno "ajustará" el contrato con OAS.

El gobierno busca el mejor escenario para "ajustar" el contrato con la empresa brasileña OAS, que se adjudicó en 2008 la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, pero no rescindirá ese convenio, aclaró la ministra de Planificación del Desarrollo Viviana Caro. La jefa de bancada del Movimiento Sin Miedo (MSM) Marcela Revollo denunció que el gobierno pretende encubrir los dos contratos lesivos al Estado que fueron firmados por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y la empresa brasilera OAS.

Por exigencia del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES), el gobierno de Bolivia y la constructora OAS tienen que elaborar un nuevo contrato para la construcción de la carretera de 306 km y dividida en tres tramos, el segundo de 177 km a través del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

El diseño y construcción del tramo II fue vetado por la Ley Corta que declaró intangible al TIPNIS y prohibió la construcción de cualquier carretera por ese parque nacional. Según el BNDES, la nueva legislación inviabiliza el desembolso del financiamiento y aguarda a que OAS y la ABC definan un nuevo contrato.

A fines de de 2011, según fuentes del gobierno brasilero, la constructora paralizó obras por falta de financiamiento. Ahora el gobierno y la empresa discrepan sobre el valor a ser cobrado por los tramos 1 y 3 de la vía. El gobierno de Evo Morales aceptaría pagar cerca de 110 millones de dólares, pero OAS pide 200 millones.

La inversión programada para la construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos, en sus tres tramos, alcanza a 415 millones de dólares, de los que el gobierno brasileño financiará 332 millones. "Nosotros no podemos mantener en el contrato el tramo II (...) el tramo II está siendo excluido y estamos viendo no sólo el tema legal y económico en los contratos", explicó la Ministra de Planificación del Desarrollo, pero dejó en claro que el financiamiento de los tramos I y III está plenamente garantizado y justificado "sobradamente" porque beneficia a regiones altamente productivas.

"Tenemos que ser muy responsables en el manejo de los recursos públicos. El rescindir un contrato nos implica obligaciones con respecto a la empresa que se ha contratado. Estamos buscando el mejor escenario en términos de los recursos, de las inversiones que ya se han hecho (...) en el tramo I y en el tramo III", dijo la ministra Caro.

La asambleísta del MSM Marcela Revollo espera que la consulta previa que impulsa el gobierno no esté destinada a anular la Ley 180 de protección del TIPNIS; porque “fue una conquista que a estas alturas no es solo de los indígenas de tierras bajas, a estas alturas es una conquista del pueblo boliviano”.

“Si este proyecto de ley de la consulta previa está destinada a anular la Ley de Protección al TIPNIS, lo primero que tiene que hacer el gobierno es derogar todos los contratos con OAS y transparentar ante el pueblo boliviano un contrato lesivo con sobreprecio. Si esto no queda claramente esclarecido lo que estaríamos asumiendo es que es una ley que pretende encubrir contratos lesivos a los intereses del Estado”, señaló la diputada.

Revollo señaló que los asambleístas que impulsan la ley de consulta previa deben cumplir los procesos y procedimientos para dar a conocer a tiempo el contenido del proyecto para saber con anticipación hacia dónde está dirigida y sobre todo si está respetando los criterios básicos que establece la Constitución Política del Estado y los convenios internacionales. Reiteró que lo primero que debe hacer el gobierno es mostrar los contratos originales firmados por la ABC y OAS para que la población boliviana conozca los términos y las condiciones reales de los mismos.

La diputada dijo que “hay que conocer el contenido de esta ley esperemos que no esté destinada a afectar la protección del corazón del Tipnis pero si está destinada a ello lo más importante es conocer la derogatoria de los contratos, la anulación de los contratos y las características de las firmas en las que se hicieron los contratos con OAS”.

Con información de ABI y Valor Económico de Brasil.
bolpress

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