Hasta antes de esta convocatoria, el oficialismo llevó adelante cinco acciones políticas, con el objetivo de asegurarse la construcción del tramo dos de la carretera Villa Tunari-San Ignacio Moxos, que atraviesa el TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure) y sin resultados satisfactorios.
La organización de una contra-marcha que exige se parta en dos el TIPNIS, la cumbre social de organizaciones afines al MAS en Cochabamba, la suspensión del gobernador beniano Ernesto Suárez, el pedido para que el Tribunal Constitucional interprete la Ley Corta que defiende el principio de intangibilidad del parque y una concentración de aliados realizada en la ciudad de Cochabamba, son las actividades principales que se encaró a nivel oficialista.
Luego de la Octava Marcha Indígena liderada por la CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano) y posteriormente reprimida por la Policía en Chaparina, el Poder Ejecutivo puso en marcha un plan que reencamine la ejecución de proyecto caminero adjudicado a la empresa brasileña OAS por un monto superior a los 400 millones de dólares.
Las tareas que se impuso el gobierno no eran sencillas, tenía al frente los efectos del masivo apoyo que brindó el pueblo boliviano a los marchistas indígenas del TIPNIS y la promulgación de la denominada Ley Corta, que declaró intangible la ruta que debía seguir el tramo dos de la cuestionada carretera.
Las cinco acciones
El gobernador cochabambino, Edmundo Novillo, organizó el día viernes 9 de diciembre de 2011 una concentración de apoyo a la construcción de la carretera.
El evento se llevó a cabo luego que la autoridad política departamental recibiera ácidas críticas del presidente Evo Morales, por su pasividad frente a la aprobación de la Ley Corta en el parlamento.
La convocatoria no generó mayor expectativa, aunque sí surgieron denuncias que funcionarios públicos de la gobernación y de la alcaldía de Cercado fueron obligados a participar. Algo más, la máxima autoridad regional había decretado trabajo en horario continuo.
El martes 20 de diciembre de 2011se organizó una contramarcha desde Villa Tunari a La Paz, con la participación de afiliados a la Unión de Indígenas del Sur (Unisur), además de otros grupos vinculados con el gobierno.
La movilización que se encuentra próxima a la ciudad de Oruro planteó una reunión con la CIDOB e insinuó la posibilidad de plantear la nulidad de la Ley Corta ante el nuevo Tribunal Constitucional.
Sus principales dirigentes reclamaron a la prensa una supuesta baja cobertura periodística, en tanto que autoridades gubernamentales criticaron la conducta del Defensor del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, porque no se los toma en cuenta.
El día viernes 16 de diciembre, Ernesto Suárez Sattori fue suspendido en el cargo de gobernador del Beni, en una accidentada sesión de la Asamblea Legislativa Departamental.
La consecuencia de esta decisión promovida desde el Ministerio Público por denuncias de daños económicos al Estado, fue que la nueva autoridad, Haisen Ribera Leigue expresó este martes su respaldo a la modificación de la denominada Ley Corta.
En Cochabamba, entre el lunes 9 y miércoles 11 de enero se llevó a cabo la segunda fase de la cumbre social del MAS, con la finalidad de aprobar una agenda de trabajo del gobierno.
En la reunión, varias mesas se pronunciaron por la construcción de la ruta a través del TIPNIS.
La Paz, 13 enero 2012
ERBOL
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