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El sueño del presidente Evo Morales de construir en Bolivia un Estado plurinacional con autonomías territoriales y administrativas indígenas recibió un indirecto respaldo internacional, tan importante como inesperado por provenir de un ámbito donde la discusión parecía nunca acabar.
La Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tras dos décadas de idas y venidas, llegó justo cuando la legitimidad del mandatario de origen aymara es cuestionada por una nueva corriente opositora derechista, liderada por grupos civiles impulsados por empresarios y terratenientes. En el centro de esa oposición están las reformas que el izquierdista Morales denomina “revolución democrática y cultural”.
Estos grupos de poder, desplazados en parte desde la llegada de Morales a La Paz, cobraron vigencia y se fortalecieron con las organizaciones conocidas como comités cívicos, enfrentadas al avance político de los 36 pueblos originarios que pugnan por obtener gobiernos autónomos dotados de tierra y recursos financieros.
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