Resucita Ley del Talión por la ola delictiva

El "ojo por ojo, diente por diente" de la Ley del Talión parece resucitar en Bolivia. En pocos días se han registrado varios actos de violencia contra delincuentes, mientras las estadísticas señalan un aumento de la inseguridad ciudadana. "Los cogoteros nos están matando como a corderos", llora una mujer aymara, cuyo esposo taxista fue asesinado en una quebrada de El Alto (cerca de La Paz), asfixiado por delincuentes con una cuerda.

En otra región, en Santa Cruz, la prensa informa de "un cambista herido por delincuentes que se llevaron 35 mil dólares" en pleno centro de la ciudad, mientras en la comarca de San Germán, a 160 km, una patrulla fue emboscada en febrero por narcotraficantes, con un saldo de tres heridos.

Cochabamba, El Alto, vecina de La Paz, y Santa Cruz son las ciudades con mayor casos de robo o hurto, según una encuesta de febrero del estatal Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana que constató, además, que 4 de cada 10 hogares bolivianos fueron víctimas al menos de un delito en 2011.

Este estudio destaca también que "un 85% de hechos delictivos no son reportados ante las autoridades, mientras que el 57% de los hogares victimizados pertenecen al estrato socioeconómico bajo".

Ante la ola delictiva -agravada aparentemente por fallos indulgentes con los delincuentes-, la gente comenzó a hacer justicia por mano propia. En la comarca de Quila Quila, sudeste del país, dos presuntos ladrones fueron linchados y luego sepultados subrepticiamente, maniatados y con signos de golpes, después de haber sido sorprendidos en flagrancia por la población robando el pasado domingo en la iglesia local.

En la ciudad de El Alto, una turba saqueó el domicilio de un sospechoso de haber asesinado a dos hermanos, periodistas de radio de la ciudad de El Alto, y quemó su mobiliario, además de su automóvil, después de que la Policía lo arrestara. El asesinato de estos jóvenes aymaras exacerbó a los vecinos de El Alto, donde residían, que el martes salieron a manifestarse para pedir la pena de muerte. Al mismo tiempo, en La Paz decenas de campesinos llegaron de una región del altiplano, de donde es oriunda la familia de los periodistas asesinados, para exigir lo mismo.

La pena de muerte está vetada por la Constitución, que sanciona con un máximo de 30 años de cárcel a los delitos más graves.

"Hay un desprecio a la vida, ¿cuánto vale la vida?, parece una lógica del mercado que se ha impuesto. Se están cobrando vidas, esta vez, desde sectores que son de hordas delictivas", lamentó Rolando Villena, presidente de la Defensoría del Pueblo (independiente).

Respecto a la demanda de gruesos sectores sociales, e inclusive de congresistas de derecha, Villena manifestó un "No rotundo a la pena de muerte y el sí definitivo a la vida". "Hacemos una reflexión para que nos ajustemos a la Constitución y a la normativa internacional", agregó.

A pesar del llamado de las autoridades, el ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero, dijo que su despacho supo que en algunos barrios de El Alto "han circulado volantes que invitan a organizar brigadas vecinales armadas para defenderse de la delincuencia" y agregó que "eso es muy preocupante".

En las calles de El Alto, una de las de mayor peligrosidad del país, hay monigotes colgados en los postes de alumbrado público con leyendas de advertencia a los delincuentes de que serán linchados.

El Gobierno prevé la promulgación de normas que frenen la delincuencia, como la prohibición del consumo de alcohol en vía pública, pero la población también pide a la Justicia cumplir su papel.

"El 5% de las demandas (de justicia) llega a sentencia, el 35% está en etapa de apelación y el 60%, en investigación", reveló al graficar la retardación de la Justicia el ex fiscal Milton Mendoza a un diario local.

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