Discapacitados e "infiltrados", según el gobierno, atacaron con palos y piedras y quebraron parabrisas de vehículos policiales cuando intentaban el jueves ingresar a la plaza de Armas de La Paz para manifestarse. Los policías antimotines los reprimieron a empellones y con el uso de gases.
Los ocho detenidos, entre ellos dos minusválidos, fueron liberados la noche del sábado por juzgados de La Paz y su vecina El Alto que les dieron "medidas sustitutivas como la firma de un libro periódicamente en un juzgado y la prohibición de participar en actos de protesta", dijo el abogado defensor, Waldo Albarracín.
Mientras unos 150 minusválidos y sus familias permanecen en vigilia desde el viernes a una cuadra de la sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, para presionar al Congreso a que consensúe una ley de trato preferencial para el sector y una escala de subsidios del Estado.
"El lunes llegará un número mayor de personas desde el interior paras unirse (a la vigilia) y realizar otras formas de protesta. Aparte de la crucifixión, la huelga de hambre o el bloqueo de calles, no descartamos nada", dijo a la prensa Camilo Bianchi, dirigente de los minusválidos.
El dirigente Mario Torrico había declarado el viernes, corroborado por Bianchi, que "nos hemos declarado en huelga de hambre", pero, según constató la AFP, los discapacitados se alimentan normalmente en el lugar en condiciones precarias afectados por las bajas temperaturas y las incesantes lluvias.
Los minusválidos llegaron el jueves a La Paz tras recorrer 1.600 km durante 3 meses, a bordo de sillas de ruedas.
El gobierno otorgó este año un bono de 1.000 bolivianos (144 dólares) "para los casos graves", pero ahora "estaríamos pidiendo 3.000 anuales y después creemos nosotros que estamos en nuestro justo derecho de llegar a ganar 4.800", según el dirigente Juan José Barreda.
ecodiario
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