Ninguno de los convocados prestará declaraciones en calidad de sospechoso.
El fiscal José Ponce, miembro del equipo que investiga la represión a los indígenas en Chaparina, el 25 de septiembre anterior, informó que se comenzó a distribuir las citaciones a las autoridades de Gobierno y efectivos policiales como de testigos de los hechos, informó ayer la Agencia de Noticias Fides.
Una marcha de indígenas, que partió el 15 de agosto desde Trinidad y llegó a La Paz el 19 de octubre, exigió que el Gobierno no disponga la construcción de una carretera que atravesaría el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Cochabamba) para vincular los departamentos de Cochabamba y Beni.
La columna fue interceptada a pocos kilómetros de Yucumo por un bloqueo de colonizadores afines al Gobierno, que exigen la distribución de tierras, donde se registró una acción represiva ejecutada por la Policía Nacional.
Son sólo testigos. “Hay autoridades de Gobierno y policías que se ha citado, están en calidad de testigos”.
Ponce aclaró que ninguno de los convocados oportunamente para esclarecer los hechos tiene la calidad de investigado o sospechoso por haber instruido que se reprima con violencia extrema a la pacífica marcha indígena.
Los fiscales Ponce y Patricia Santos son responsable de investigar los hechos violentos, así como el presunto secuestro del canciller David Choquehuanca un día antes de la represión policial.
El escándalo. Las imágenes de televisión desataron un escándalo político, que derivó en las renuncias del exviceministro de Régimen Interior Marcos Farfán, del exministro de Gobierno Sacha Llorenti, la exministra de Defensa Cecilia Chacón y otras autoridades de menor rango.
La investigación, cinco meses después, está casi paralizada; sin embargo, Ponce informó a la agencia Fides que el investigador, que coadyuva en el proceso investigativo, procede a entregar las notificaciones para que “se apersonen a declarar” ante su autoridad para prestar las declaraciones respectivas.
Esos actos investigativos se desarrollarán después de que se celebren las fiestas carnavalescas, a causa de los feriados que paralizan casi todas las actividades públicas y privadas.
5 meses transcurrieron desde los hechos de Chaparina. Desde entonces, la investigación avanzó muy poco.
La ampliación de las áreas de cultivo de la coca fue rechazada por los cocaleros de los yungas de La Paz.
El Gobierno debe resolver dos conflictos de inmediato: La construcción de la carretera que atravesará el centro del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y la petición realizada en la cumbre social de enero por los cocaleros del Chapare, de ampliar las áreas de cultivo de 7.000 hectáreas permitidas por la Ley 1008 a 11.000, que se prevé incluir en la futura Ley de la Coca.
“Lo que pedimos no es nada ilegal, en el Perú hay 70.000 hectáreas de sembradíos de coca, y allí no existe acullico tradicional ni en Colombia, entonces quiere decir que todo va al narcotráfico”, justificó el senador Julio Salazar, exvicepresidente de la seis federaciones de cocaleros.
La ley. La exigencia de la ampliación de los sembradíos de cocales es la parte central del proyecto de Ley de la Coca, que ya fue presentada a la Asamblea Legislativa y está en agenda para ser tratada en la presente legislatura, impulzada por la bancada del MAS, está incluida en las 70 leyes propuestas por la cumbre.
/laprensa.com.bo/
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