TRINIDAD, Bolivia — Organizaciones cívicas de dos regiones bolivianas se preparan para defender al destituido gobernador del departamento amazónico de Beni, Ernesto Suárez, en lo que la oposición considera una maniobra del gobierno para deshacerse de los opositores.
Suárez, un carismático político, fue destituido el viernes pasado tras ser denunciado por haber comprado un motor de electricidad a gasolina para una cooperativa de un poblado rural.
Para los seguidores de Suárez se trata de un abuso de autoridad del gobierno del presidente Evo Morales contra la oposición, una percepción que se acrecentó cuando al otro gobernador opositor que quedaba en Bolivia, Rubén Costas, del rico departamento de Santa Cruz, le dictaron el lunes pasado orden de captura por desacatar una citación judicial por un caso difamación.
"Vamos a coordinar acciones para defender a los gobernadores", dijo a la AFP el presidente del comité cívico de Beni, David Coca, quien considera que "fue un abuso y una arbitrariedad la suspensión de Suárez" tras un acuerdo en la asamblea legislativa local entre el partido de Morales y una facción de derecha.
En Trinidad, capital de Beni de 100.000 habitantes, se reunieron este miércoles dirigentes cívicos y líderes políticos locales y de la vecina Santa Cruz, los dos departamentos opositores de los nueve que hay en Bolivia.
El gobernador Costas llegó temprano para manifestarle respaldo a Suárez, que está pendiente de que un juez resuelva su situación.
"Esta es la vendetta del gobierno para quienes hemos liderado estos movimientos opositores", afirmó Costas en una improvisada rueda de prensa.
"Si hay que defender estos principios de libertad, democracia y justicia con ir a la cárcel no tenemos ningún temor de hacerlo", acotó la principal autoridad política de Santa Cruz, la región más rica de Bolivia, de unos 2 millones de habitantes.
Suárez, por su parte, dijo a la AFP que "yo sigo siendo gobernador, el que está ahí (el interino Haisen Ribera) es un interventor, yo he sufrido un golpe de Estado asqueroso y cochino y voy a defenderme" ante la justicia ordinaria.
En Trinidad hay tranquilidad, aunque decenas de policías han acordonado la Plaza de Armas donde el gobernador interino tiene sus oficinas, para evitar que puedan ingresar grupos opositores que ya han intentado hacerlo varias veces entre lunes y martes.
La oposición había denunciado la llegada de más militares, para controlar eventuales conflictos aunque sólo se evidenciaron que hay unos cuantos uniformados en el aeropuerto local.
El martes y miércoles se cumplía un paro cívico en la ciudad de Trinidad en apoyo a Suárez, el que se desarrolla con tranquilidad.
La presencia policial es "para precautelar que no haya conflictos entre personas y eso no es malicia, es previsión", dijo en La Paz el ministro de Interior, Wilfredo Chávez, quien negó que la destitución de Suárez sea una jugada política del oficialismo.
Este miércoles se tenía previsto que un juez ordene la detención de Suárez, aunque el fiscal Hugo Vargas, que había anticipado que solicitaría esta medida, dijo que se postergó la audiencia pública para el próximo 17 de febrero por diversos trámites.
La oposición aún teme que Suárez sea detenido y que el gobernador Costas de Santa Cruz corra la misma suerte, pues -argumenta- el oficialismo pretende controlar las dos gobernaciones, para fortalecer el proceso político que conduce el presidente Morales.
"Estamos frente a una campaña planificada por el gobierno para tumbar gobernadores y alcaldes opositores", afirmó en una conferencia de prensa en Trinidad la senadora de derecha Gianina Añez.
Recordó que otras autoridades, como el gobernador de Tarija y los alcaldes de Potosí y Sucre fueron sacados del cargo en meses pasados bajo diferentes acusaciones, con la misma estrategia: la denuncia previa de un fiscal.
Una ley aprobada a principios de año por el oficialismo permite la suspensión de una autoridad electoral con la sola acusación de fiscal, sin sentencia de un juez.
"Todos estos temas son judiciales, no son políticos y si los gobernadores no tienen nada ¿entonces de qué temen? pueden defenderse" en la justicia, señaló el senador Isaac Avalos, el más prominente líder oficialista de Santa Cruz.
AFP
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