Aunque la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) fijó plazos para la adecuación de las pequeñas y medianas empresas (PYME), la norma que vincula los créditos con el pago de tributos puede generar efectos negativos para la economía, advirtió la Fundación Milenio, y señaló que la ASFI busca reducir la evasión tributaria y ampliar el universo de contribuyentes, políticas que son saludables para el sinceramiento fiscal y para la reducción de la informalidad.
“Sin embargo, a pesar de los plazos de adecuación prometidos por el Ministro de Economía para la mediana y pequeña empresa y la eventual exclusión de la microempresa de la aplicación de la norma, ella repercutirá en algún grado en una contracción de la actividad económica y en una reducción de la intermediación financiera”, explicó la fundación.
Agregó que estos efectos se deberán a que la normativa de la ASFI no viene acompañada de incentivos a la inversión y a la formalización, como la vinculación de los salarios y la estabilidad laboral con la productividad, la reducción drástica de la competencia desleal del contrabando y la tolerancia cero a la corrupción en el sector público.
“Ni qué hablar de que siguen ausentes políticas de desarrollo productivo y de fomento al crecimiento y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, y la promoción de las exportaciones”, indicó la Fundación Milenio.
La norma regulatoria aprobada en septiembre por la ASFI y modificada recientemente está orientada a incrementar la recaudación de las arcas fiscales que están “ávidas de mayores ingresos a costa de los formales y de los que tienen cierto grado de formalización. Ese enfoque unilateral limitará el acceso de las Pyme al crédito y asfixiará aún más su desenvolvimiento, empujándolo a la informalidad total, apuntó.
Doble contabilidad
La Fundación Milenio señaló además que la medida adoptada por la ASFI está orientada a eliminar la doble contabilidad de las empresas y de los profesionales libres y, por ese camino, dar un golpe de gracia a la evasión tributaria porque muchas empresas presentan a las instituciones crediticias sus estados financieros reales con objeto de que sea evaluada su capacidad de pago y les sea otorgado un crédito acorde a su realidad.
El balance “fiscal” en cambio contiene un escenario pesimista, con resultados negativos o por lo menos pobres, orientados a reducir al mínimo el impuesto a las utilidades.
“Con la medida (instruida por la ASFI), las entidades financieras deberán evaluar la capacidad de pago de sus clientes sobre la base del balance presentado al Sistema de Impuestos Nacionales, lo que quiere decir que los montos de los créditos se reducirán a los modestos límites de los flujos declarados”, indicó.
La organización señaló que desde ese punto de vista, la norma es un avance en la formalización empresarial y en la reducción de la evasión tributaria.
“Sin embargo, desde el punto de vista de la banca, la medida puede acarrear una contracción importante de sus operaciones, si se toma en cuenta que la mediana y pequeña empresa posibilitaron gran parte del crecimiento de su cartera en los últimos años. Este estamento empresarial es el que en una proporción significativa recurre a la doble contabilidad”, agregó.
CAUSAS A ATACAR
Para la Fundación Milenio, el Gobierno debe atacar las causas de la doble contabilidad de las empresas que son de responsabilidad del Estado.
Estas causas son: la competencia desleal del contrabando que genera márgenes muy pequeños de rentabilidad a las Pyme como para compartirlos con el sistema impositivo; productores primarios que están exentos de impuestos; la rigidez laboral; y la corrupción en la administración pública que apunta al sector empresarial.
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