Evo Morales también responsabilizó a Estados Unidos de los episodios de violencia registrados entre 1997 y 2001, durante la política estadunidense denominada 'coca cero'.
El presidente boliviano Evo Morales acusó este viernes a la oficina antidrogas de Estados Unidos (DEA) de haber propiciado en el pasado enfrentamientos de las Fuerzas Armadas y la policía con los cocaleros del Chapare, cuyo liderazgo sindical aún detenta.
Morales responsabilizó también a Estados Unidos de los episodios de violencia que entre 1997 y 2001 -cuando se instauró a instancias de Washington la política denominada 'coca cero'- afectaron a la región central tropical del Chapare.
"No puedo creer y parece un sueño estar concentrados acá", dijo Morales a sus bases cocaleras que abarrotaron el estadio de Entre Ríos para presenciar la firma de un acuerdo por 80 millones de dólares con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, para ejecutar una planta termoeléctrica que abastecerá de energía al este y oeste de Bolivia.
El clima de calma contrasta con la "presencia de (funcionarios de) la DEA armados dirigiendo a las Fuerzas Armadas y a la Policía nacional" enfrentados a los cocaleros, evocó Morales.
"Si Estados Unidos quería apoyarnos nos pedía 'coca cero' y lo más grave es que al gobierno boliviano le decían que si quieren ayuda entonces 'cero terrorismo', y nosotros éramos los terroristas, nos decían los talibanes, el Evo era el talibán andino, ahora los Bin Laden están cambiando el país", dijo.
Morales concluyó que ahora "el Chapare es el centro de la revolución democrática para cambiar Bolivia".
Según datos de las Naciones Unidas, los cultivos de coca en Bolivia subieron un 8 por ciento en 2006, con un "crecimiento dramático" en la región tropical del Chapare (19 por ciento), en tanto la producción de cocaína aumentó 17.5 por ciento, de 80 a 94 toneladas.
En 2006 la superficie total de cultivos de coca en Bolivia fue cuantificada en 27 mil 500 ha, superior a las 25 mil 400 ha del año precedente, de acuerdo al mismo informe.
La ley boliviana antidrogas establece que los cultivos legales sólo deben llegar a un tope de 12 mil hectáreas para usos legales, como infusión, masticación y ritos aymara religiosos.
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